El
presidente de la comisión encargada para reforma judicial aseguro que han descubierto
muchos casos de corrupción
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| Por: Sumarium
El
diputado y encargado de la reforma judicial ordenada por el Ejecutivo, Diosdado
Cabello, indicó que el Gobierno ha descubierto casos de corrupción judicial y
anunció que los mismos comenzarán a ser atendidos.
“Esto
es parte de la crítica y autocrítica nuestra, hemos descubierto niveles de
corrupción judicial que hay que atender (…) se han dolarizado servicios que
deberían ser gratuitos“, dijo Cabello, quien también es diputado, en su
programa Con el Mazo Dando.
El
también presidente de la comisión que hará una “revolución judicial” añadió que
prevé arrancar el viernes la visita “por todos los recintos —penitenciarios—
provisionales del país”.
El
pasado lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación
de una comisión, presidida por Cabello, para hacer una “revolución judicial” en
un lapso de 60 días.
Como
vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, la también diputada Cilia
Flores y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.
“Revolución
profunda y acelerada“
El
mandatario hizo este nombramiento luego de señalar que en Venezuela “hace
falta” la construcción de una “revolución profunda y acelerada del sistema de
justicia nacional”.
La
comisión, explicó Maduro, deberá solucionar en un plazo de 60 días el
hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los
de reclusos de estos centros a las cárceles.
El
Gobierno venezolano viene poniendo atención a los centros penitenciarios desde
hace más de un mes.
El
12 de mayo publicó en la Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las
autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían “transferir al Ministerio
del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones
de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30)
días”.
La
situación ocasionó el rechazo de la oposición pues, señaló que esto implicaba
el traslado de los “presos políticos” a cárceles comunes.
