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La
radicalización de la cuarentena producto de la proliferaciòn del COVID-19 en el
país agrava la situación de los presos políticos militares. Así lo manifestó,
con profunda preocupación, este martes, la abogada y directora ejecutiva de la
Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo.
Según
destacó la defensora privada de presos políticos militares se registran 183
castrenses con procesos penales en su contra. De estos, 46 se encuentran en
libertad, y 137 recluidos entre cárceles militares y centros de detención
preventiva.
Aseveró
que además de los 35 castrenses con graves patologías, muchos del total de
presos políticos están presentado importantes síntomas de depresión producto
del aislamiento extremo al que están siendo sometidos.
"Entendemos
la ola de contagios que vive el país, pero en centros penitenciarios deben
aplicarse protocolos de bioseguridad que garanticen las visitas regulares, en
semanas de flexibilización, de abogados y familiares a oficiales recluidos en
Ramo Verde, la cárcel de La Pica y Santa Ana", sentenció Camejo en
relación a este tema.
La
jurista subrayó que así como permiten el contacto con el mundo exterior a
quienes permanecen detenidos por largo tiempo, pese a ser esto una violaciòn de
la ley, en sitios como la sede de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim) y en cárceles comunes; deben buscarse alternativas para otros
centros penitenciarios como Cenapromil en Ramo Verde.
Asimismo,
la profesional del derecho citó como ejemplos reclusorios de varios países de
América Latina, donde incluso existe hacinamiento carcelario, y planteó como
alternativa viable, en el corto plazo, la instalación de locutorios para que no
haya contacto corporal entre los presos políticos y los familiares o defensores
privados. "Es deber del Estado preservar la salud física y mental de estos
ciudadanos", sentenció.
