La
agencia de la ONU documentó 17 asesinatos supuestamente vinculados con las
fuerzas de seguridad
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Por: AP
Las
fuerzas de seguridad de Venezuela perpetraron menos asesinatos extrajudiciales
desde junio de 2020 hasta abril pasado, reveló el lunes un reporte de las
Naciones Unidas, pero las acusó de mantener un patrón continuo de tortura o
trato cruel a individuos, además de desapariciones forzadas y detenciones en aislamiento.
El
reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos exhortó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cesar el
uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, a desarmar a grupos
civiles armados progubernamentales y a garantizar investigaciones efectivas e
independientes sobre todas las muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
“La
rendición de cuentas sigue siendo fundamental para prevenir y remediar las
violaciones de los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho”, señaló
el reporte, que abarca desde el 1 de junio de 2020 al 30 de abril. “La
protección y la expansión del espacio cívico son vitales para fortalecer la
democracia, fomentar el diálogo inclusivo y abordar las causas profundas de los
desafíos actuales”.
En
respuesta, el gobierno de Maduro emitió un comunicado en el que rechazó el
“contenido falaz” del reporte. Acusó a la agencia de la ONU de basar su estudio
en un “puñado de supuestas denuncias de violación de derechos humanos” con el
objetivo de desestabilizar a Venezuela.
“Este
informe es el resultado de una Resolución impulsada por un minúsculo grupo de
gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, que
se complotaron para satisfacer la política de ‘cambio de régimen’ impulsada por
los Estados Unidos” contra Venezuela, indicó la cancillería venezolana en el
escrito.
La
agencia de la ONU documentó 17 asesinatos supuestamente vinculados con las
fuerzas de seguridad, de los cuales 16 ocurrieron durante operativos de
seguridad en zonas de alto índice de violencia y delincuencia, y uno más
durante una protesta. El documento no proporcionó cifras de asesinatos
extrajudiciales en años previos.
En
la mayoría de los casos, señaló el reporte, los perpetradores irrumpieron en
las casas de las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes o menores de edad en
comunidades pobres.
Testigos
describieron que los elementos de las fuerzas de seguridad los amenazaron de
muerte, golpearon o arrastraron del pelo. Según el reporte, los agentes
supuestamente manipularon evidencias o retiraron los cadáveres de las
residencias de las víctimas.
“Estos
sucesos siguen teniendo graves efectos en las comunidades, ya que infunden
miedo en la población, generan desconfianza en las fuerzas del orden público,
marginan aún más a las comunidades pobres y provocan desplazamientos”, señaló
el reporte.
Documenta
también nueve casos de individuos cuyo paradero era desconocido para sus
familiares y abogados al momento de su detención. La agencia asegura haber
recibido reportes de personas que fueron golpeadas, electrocutadas, violadas o
amenazadas con ser violadas por los agentes.
La
dependencia señaló que no está al tanto de las acciones implementadas por la
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, que forma parte de la Defensoría
del Pueblo y la cual es encabezada por funcionarios allegados al gobierno. Los
detractores aseguran que la Defensoría del Pueblo se hace de la vista gorda
cuando se reportan denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El
reporte reconoce la reforma policial que ordenó Maduro en abril pasado y la
implementación de capacitación a las fuerzas de seguridad en materia de
derechos humanos y uso de la fuerza. La reforma, que Maduro señaló que quería
implementar en un lapso de seis meses, crea una oportunidad para fortalecer la
supervisión e investigación de las fuerzas de seguridad, indicó la agencia de
la ONU. Sin embargo, las reformas propuestas no siempre se concretan en
Venezuela.
El
reporte acusa al gobierno de Maduro de seguir restringiendo la libertad de
expresión, incluso obstaculizando el trabajo de organizaciones civiles y medios
de comunicación a través de acciones regulatorias y administrativas, incluyendo
procesos penales.
La
agencia registró casi 100 incidentes relacionados con activistas por los
derechos humanos, periodistas y líderes sindicales, entre los que se incluyen
dos asesinatos y otros seis actos violentos.
Javier
Tarazona, director del grupo sin fines de lucro por los derechos humanos
FundaRedes, fue arrestado el viernes después de reportar ante las autoridades
que estaba siendo acosado por funcionarios de inteligencia nacional. Otros dos
activistas de la organización también fueron detenidos.
El
reporte de la ONU destacó que las sanciones se suman a los problemas en
Venezuela, que está sumida en una profunda crisis política, social y económica
atribuida al desplome de los precios del crudo y a dos décadas de malas
gestiones de gobiernos socialistas. El país lleva años en recesión. Millones de
personas viven en condiciones de pobreza debido al alto precio de los
alimentos, los bajos salarios y la hiperinflación.
Durante
el gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos impuso fuertes
sanciones con el objetivo de aislar a Maduro. Dichas restricciones le han
dificultado a Venezuela el desarrollo y la venta o transporte de crudo, columna
vertebral de su economía. La Unión Europea también ha impuesto sanciones.