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de los 23 muertos por enfrentamientos en la Cota 905, entre ellos un niño, no
tenían relación con las bandas criminales de la zona
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Por: Tal Cual Digital
Desde
el 7 de julio se reactivaron en la Cota 905, en Caracas, los enfrentamientos
armados entre efectivos policiales e integrantes de la banda de «El Koki». Por
más de 48 horas, residentes de ese sector y zonas aledañas, como El Paraíso, La
Vega, El Cementerio, etc, estuvieron atrapados en sus casas, para resguardarse
de los tiros que iban y venían, sin distinguir entre civiles y funcionarios, y
delincuentes. Por ahora, parece que han cesado dichos enfrentamientos; sin
embargo, aún permanecen en la población los efectos de los daños colaterales
que estos generaron.
Mairim
Fernández, coordinadora estratégica de Otro Enfoque, una ONG que ha trabajado
con jóvenes de la Cota por alrededor de tres años y que además brindó
asistencia a los desplazados por el conflicto armado, aseguró que actualmente
la ayuda que más necesita la comunidad es psicológica y no tanto material. Como
organización receptora de niños de esa parte de la ciudad – aquellos que
lograron salir de sus casas apenas pararon las balas durante la mañana del
viernes 9 de julio- dice que aún los mantendrán bajo su cobijo puesto que no
hay condiciones seguras para el retorno a sus hogares.
«Hubo
mucha situación de violencia, el impacto que esto ocasionó en nuestros niños y
niñas fue fuerte. Tenían miedo de perder la vida y perder sus casas (…) Las
personas que viven allí son una comunidad organizada con niños que tienen
grandes expectativas, pero el temor de ellos es llegar a ser adolescentes, y el
de los padres, que estos enfrentamientos lleguen y puedan ser expuestos a
violencia, tanto en enfrentamientos entre grupos delictivos o enfrentamientos
entre bandas y cuerpos de seguridad del Estado«, comentó Fernández durante su
participación en el foro de TalCual
«Cota 905, una nueva zona en reclamación».
En
las balaceras de inicios de julio un niño que resultó herido de bala falleció
en el centro asistencial al que lo llevaron. Tenía apenas 11 años y su vida,
como la de muchos otros vecinos inocentes de la zona, llegó a su fin
injustamente. Es justo por este tipo de situaciones que la integrante de la ONG
considera necesario que se desarrollen políticas públicas que permitan generar
espacios seguros para que estos niños puedan desarrollarse y evitar que aumente
la «cantidad de víctimas e inocentes que se llevan de por medio» en los operativos
policiales.
En
ese sentido, Luis Izquiel, profesor de criminalística de la Universidad Central
de Venezuela, dijo que si bien lo que se ha hecho bien en la toma policial de
la Cota 905 ha sido precisamente retomar esas supuestas zonas de paz e instalar
puntos de vigilancia, aún deben atenderse el problema social del sector: Calles
de tierra y Pobreza; algo que a su juicio es caldo de cultivo para que surjan
estos grupos criminales.
Para
él, intentar «quitarle el feudo criminal a las pandillas de «El Koki» y «El Vampi», que matuvieron azotada a la
ciudad», estuvo bien. Sin embargo, considera que aún «hay cosas inconclusas.
Falta captura de cabecillas y otros integrantes, que entre 200 y 250. Si
partimos del hecho de la versión oficial, que 22 fueron abatidos», cerca de 200
presuntos delincuentes podrían estar en la Cota o en lugares aledaños, lo cual constituye
un potencial riesgo.
Según
Monitor de Víctimas, de 23 cuerpos que lograron identificar, apenas cuatro
supuestamente pertenecían o tenían vínculos con los líderes criminales. Otros
15 eran civiles. Es por esta razón que considera necesario crear un módulo
policial dentro de la zona, que no sea temporal, puesto que así podría evitarse
el potencial regreso de más delincuentes al lugar.
Al
respecto, Odalis Caldera, exsecretaria de Seguridad y Orden Público del Zulia,
comentó que si bien dichos puntos son necesarios, también se necesita un equipo
multidisciplinario que pueda atender a toda la población afectada, y además la
adecuada dotación de armas, equipo para suplir necesidades básicas
-hidratación, por ejemplo-, etc, a los funcionarios que estarían a cargo de
instalarse en la zona.
«La
acción fue vital y necesaria por parte del Estado, a través de sus órganos,
como el Cicpc, la Guardia Nacional, etc. Pero allá arriba no sólo están las
bandas. Hay gente, madres que sueñan que sus hijos sean profesionales, y que no
sean captados por las bandas de delincuentes. Hay víctimas que son captadas
desde temprana edad. Es una denuncia abierta a la que debió aplicársele los
correctivos, y es vital que esté – el territorio- ocupado con efectivos de
seguridad», dijo Caldera.
No
obstante, señaló también que esos efectivos policiales corren riesgos.
Puntualizó que los grupos familiares deben involucrarse en programas y
actividades con ONG que tienen toda la voluntad de apoyar y crear otras
realidades.
