Fueron
trasladados hasta la capital del país para ser recluido en el Helicoide sede
del Servicio Bolivariano de Inteligencia(SEBIN)
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Por: Sumarium
El
director de la ONG venezolana Fundaredes y sus dos compañeros Rafael Tarazona y
Omar García, fueron imputados este sábado por “incitación al odio” y otros
delitos.
“Javier
Tarazona, defensores de DDHH de Fundaredes, quedan privados de la libertad. Les
imputan supuesta traición a la patria, terrorismo e incitación al odio“, indicó
el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, en Twitter
tras informar que la audiencia de presentación ante tribunales se celebró esta
tarde.
Himiob
denunció además que a los activistas se les impidió ser “asistidos por sus
abogados de confianza”.
Según
indicó la abogada Stefanía Migliorini, también miembro del Foro Penal, a
Tarazona y sus compañeros se les impuso “defensa pública”.
Pero
a pesar de ello el equipo del Foro Penal pudo conversar con los detenidos,
señaló Migliorini en un video difundido en redes sociales.
“Pronto
van a salir de esto”
“Tuve
la oportunidad de conversar con ellos, los pude ver. De verdad que están
bastante deprimidos, están bastante mal. Sin embargo, con mucha fortaleza de
que pronto van a salir de esto”, dijo Migliorini.
Tarazona
y sus dos compañeros fueron detenidos el viernes cuando acudieron a la sede del
Ministerio Público en el estado noroccidental de Falcón para denunciar que el
líder de la ONG estaba siendo “víctima de acoso y persecución por funcionarios”
de la Policía de esta entidad, el Servicio de Inteligencia y “funcionarios sin
identificar”.
Junto
a ellos también se encontraba el director del Comité Nacional de Familias
Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Jhonny
Romero, quien fue puesto en libertad el mismo viernes.
Los
tres activistas, sin embargo, fueron trasladados hasta Caracas y permanecerán
recluidos en la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas conocida como “El
Helicoide”.
La
detención de los tres activistas ha sido condenada por decenas de ONG y la
oposición venezolana, que también exigen su liberación al alegar que defender
derechos humanos “no es un delito”.
