Hostigamiento, confiscación de material y detenciones arbitrarias son algunas de las denuncias que ha recabado la CIDH sobre los ataques a la prensa en Venezuela
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| Por: Adriana Núñez Rabascall-Voz de América
Venezuela
acentuó el "deterioro" en las garantías a la prensa con la llegada de
la pandemia de coronavirus, lo que se traduce en un mayor
"hostigamiento" a los reporteros durante la cobertura de jornadas de
vacunación, e incluso, por publicar verificación de datos sobre las cifras de
pacientes y fallecidos por la enfermedad, advirtió el Relator Especial para la
libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH), Pedro Vaca, durante un encuentro con la Asociación de la Prensa
Extranjera en el país (APEX).
Algunas
de las vías para mantener alejados a los comunicadores de su labor de cotejar
las informaciones oficiales son, según Vaca, confiscar equipos, borrar
grabaciones o detenerlos arbitrariamente, factores por los que Venezuela
permanece entre los países donde es "delicado" ejercer la libertad de
expresión.
"Las
autoridades, con frecuencia, cuando ven a la prensa, no están viendo a un actor
al que quieran abrazar democráticamente, sino a una suerte de enemigo",
sostuvo Vaca, abogado especialista en derecho constitucional.
El
relator advirtió que funcionarios del Estado venezolano mantienen
"declaraciones estigmatizantes" hacia los periodistas, lo que
"anima a los seguidores de las autoridades a que tomen acciones
denigrantes en contra de la prensa", dijo Vaca. Añade que miembros de poderes
públicos "sin mayor evidencia y sin
mayor prueba" señalan a trabajadores de la prensa con actividades
ilegales.
"A
más poder dentro del Estado, menor tolerancia a la crítica y más interés de que
cualquier contenido negativo sea claramente sancionado", puntualizó.
El
relator especial de la CIDH alertó que esas acciones tienen consecuencias entre
los reporteros. "Muchos periodistas pueden estar preguntándose dos veces
antes de publicar una información de interés público. Pueden estar sabiendo más
cosas de las que se sienten con libertad de decir y eso es autocensura",
alertó.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro,
ha acusado a algunos periodistas
venezolanos de constituir lo que califica como "canalla mediática",
destinada a construir un entramado de mentiras en contra de su gobierno.
Mientras,
la CIDH insiste en que hay elementos que elevan la preocupación de los
organismos multilaterales como el asesinato, en 2020, de los comunicadores del
medio comunitario La Guacamaya, Andrés
Eloy Nieves y Víctor Torres, en Cabimas, estado Zulia "en circunstancias
que no han sido esclarecidas", así como también, la detención arbitraria
durante horas de los reporteros de NTN24 Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández,
mientras cubrían el desplazamiento de ciudadanos entre Apure (Venezuela) y
Arauquita (Colombia), el 31 de marzo de este año.
Vaca
indicó, además, que el monto de 30,5 millones de dólares que debe pagar el
diario El Nacional por supuesto "daño moral" al diputado chavista
Diosdado Cabello "es casi un anuncio de extinción y una censura
simbólica".
