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Lilia Camejo,
directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia
Venezolana, cuestionó categóricamente -este miércoles- la
medida ordenada por el Ejecutivo Nacional de transferir la custodia de presos
políticos militares -hoy ubicados en la sede de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin)- al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Sobre el Decreto 4.610 publicado en Gaceta Oficial 42.125, la profesional del derecho subrayó que en el caso de
los castrense detenidos por razones políticas, además de violar que la justicia
militar prevé los centros carcelarios para estos, podría suponer un enorme
riesgo para la integridad física de los mismos, ante el hacinamiento en
reclusorios comunes, cifra que hoy supera 171% de la capacidad instalada, según
el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
"Como organización que encabeza la defensa
privada de varios oficiales tras las rejas sin haber cometido delito, hemos
denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como
en el Sebin por tratarse de centros de detención preventivos. Hoy con profunda
preocupación alertamos que pretendan trasladar a varios de los 140 militares
presos políticos a sitios de reclusión donde reina la anarquía, abundan casos
de enfermedades crónicas, existe desnutrición y no se garantizan los derechos
humanos de los detenidos", detalló la jurista.
La abogada de varios oficiales hoy detenidos o con
procesos penales en su contra, agregó que el alto índice de propagación del
COVID-19 en el país es una razón de peso para otorgar medidas de arrestos
domiciliarios con el firme propósito de preservar la vida de los privados.
En este sentido, la experta en justicia penal
militar hizo un llamado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que el equipo de su oficina que ha
seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela se aboque a
evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles,
so pretexto del descongestionamiento de los calabozos de las mencionadas
instituciones policiales.
Insistiendo en que el traslado de presos políticos
a cárceles comunes supone un enorme riesgo para su integridad física y
mental, Camejo reiteró que en Venezuela no se cumplen las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos, comúnmente conocidas como Reglas
Mandela, en razón de lo que hizo un llamado a los organismos competentes a
velar y garantizar por la vida de todos los detenidos.
Desde @JusticiaOrg manifestamos nuestra preocupación por militares activos presos por razones políticas ante Decreto Presidencial que ordena descongestionar calabozos de #Dgcim y #Sebin.#InjusticiaMilitarVe pic.twitter.com/c4bhXtM90w
— Lilia Camejo G. (@LiliaCamejoG) May 18, 2021
